LEXICOLOGIA JURIDICA
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LEXICOLOGIA JURIDICA

Al concluir la materia, el alumno obtendrá con precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia del Derecho dentro de sus contextos legales específicos, un panorama general de las necesidades que impone la comunicación científica para producir la objetividad, utilizando términos precisos/exactos, cuya importancia lingüística es evidente en la lexicología jurídica, en el discurso legal, aplicados a las normas propias de los escenarios y debates legales.

 

 

 

Unidad 1. NOCIONES PRELIMINARES

 

1.1 Introducción general del curso.

 

La lexicología en el vocabulario del español, es el conjunto de palabras con que cuenta nuestra lengua, no es fijo ni permanece estable. Las palabras cambian de forma y de significado.

 

Con el tiempo, algunos desaparecen, mientras surgen otras, necesarias para designar nuevos inventos, descubrimientos o cambios culturales.

 

La noción de ciclo de aprendizaje, utilizada en la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias naturales, se aplica en este artículo a la enseñanza del Derecho, específicamente a la asignatura de Lexicología Jurídica, en relación con el manejo de hechos, contextos, evidencias y veredictos propios de los procesos jurídicos.

 

Este planteamiento se concreta en el desarrollo de ejercicios y proyectos que los alumnos elaboran y discuten con su instructor, utilizando para ello diversos apoyos telemáticos.

 

Actualmente el proyecto funciona al nivel de correo electrónico y sesiones de discusión (chats), programándose para un futuro próximo el desarrollo de una página WEB.

 

La familiarización de los estudiantes con este tipo de apoyos está sirviendo también para que manejen bases de datos, se comuniquen entre ellos y empiecen a percibir el impacto de tales métodos en el desempeño de una comunidad de aprendizaje que opere en el ámbito profesional de los abogados.

 

1.1.1 Lexicografía.

 

Se le considera un arte de componer léxicos o diccionarios, los cuerpos legales son textos que presentan una estructura rígida, conveniente para su fin normativo. Además, este aparto estructural sirve a la claridad en la fijación de las disposiciones legales. Aún más, la alta codificación de sus partes y contenidos permitirá correctas interpretaciones de las normas.

 

Las estructuras rígidas no son privativas de los cuerpos legales.

 

Se podría afirmar que son rasgos propios de textos no solo legislativos sino también judiciales, como las sentencias de los tribunales. Incluso la administración, en sus actos formales, acude a estructuras predefinidas para dictar sus mandatos, sentencias, observaciones.

 

En cuanto a la redacción de leyes no se cuenta con normas específicas; sin embargo, en los últimos años, muchos autores han comenzado a desarrollar una disciplina llamada técnica legislativa, que, entre otros asuntos, se ocupa de analizar la parte estructural de leyes y reglamentos.

 

Se ha puesto énfasis en el estudio de las partes de la ley. Así se ha llegado a analizar el tópico de las definiciones jurídicas en los cuerpos normativos.

 

Las definiciones y su naturaleza en la normativa nacional.

 

Además, entender la función social de ellas. Hasta el momento, he realizado estudios sobre la definición en el campo de la lexicografía del español; empero, creo que este nuevo horizonte de investigación es muy prometedor, dadas las relaciones entre práctica lexicográfica y establecimiento de normas sociolingüísticas.

 

Dirían muchos que las leyes están disociadas de los diccionarios. Pocos, excepto los operadores de la ley, conocen la existencia de estas definiciones. Ahora bien, se podría iniciar una fecunda discusión acerca de las relaciones entre leyes y diccionarios. En un sentido clásico, los diccionarios han servido de instrumento reglamentario de los usos lingüísticos.

 

La ley es ante todo imperativa. Ambos, diccionarios y leyes, determinan la conducta social y nacen del consenso de los individuos.

 

Se podría pensar en funciones más siniestras de la actividad humana comunes a diccionarios y leyes: la coerción social ejercida por regímenes –sea académicos, sea militares- por medio de estas obras del espíritu humano que, bien entendidas, aspiran al mejoramiento del hombre en sus relaciones sociales.

 

Las definiciones son parte del inicio de las leyes junto a las disposiciones generales o preliminares, como la finalidad de la ley, el objeto, el ámbito de aplicación, las relaciones entre los distintos ordenamientos territoriales o sectoriales, las precisiones conceptuales, las fuentes y la condición supletoria de las normas de aplicación.

 

Las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior tienen un propósito en común: indicar las premisas de aplicación de las leyes.

 

En este sentido, uno de los valores intrínsecos de la definición jurídica es: su naturaleza interpretativa.

 

Las definiciones en este caso la naturaleza de la definición puede ser expuesta desde dos ópticas: la jurídica y la lingüística.

 

En cada disciplina, el concepto obviamente se plantea en forma distinta y con implicaciones diferentes. Técnica legislativa se refiere a las primeras características que en las ciencias jurídicas se consideran esenciales en este tipo de definición: las definiciones que generalmente se incluirán en las disposiciones preliminares o generales y reunirán los siguientes requisitos:

 

 

d) Las definiciones deben ser, en la medida de lo posible, autosuficientes y, si se requiere una remisión, indicar bien su objeto y queda claro que no todas las leyes deben contener definiciones. Se justifican en la medida en que de que se quiera establecer una definición legal, es común encontrar definiciones en los instrumentos legales de carácter internacional, convenios, protocolos y acuerdos internacionales, donde por su naturaleza de acuerdo entre partes (suma de voluntades) los significados de los conceptos deben ser unívocos.

 

1.2.1 Lexicología

 

Es el estudio de las unidades léxicas de una lengua y de las relaciones sistemáticas que se establecen entre ellas.

 

Por esta misma razón, en los documentos notariales se atisban definiciones "embrionarias" del tipo "doña mercedes Amador, en adelante la donataria", donde el término donataria adquiere el valor de lema.

 

Continuando con las características apuntadas, está claro que la precisión y exhaustividad son cualidades de toda definición.

 

 

 

 

 

Quizá sean los atributos menos logrados en muchas obras lexicográficas, se trata del desiderátum de toda definición, más que un requisito exclusivo de la definición jurídica, vale la pena comentar la siguiente afirmación: "el sentido de la definición y su ámbito de aplicación." Surgen aquí dos temas importantes.

 

Los entornos de la definición tienen por finalidad fijar el sentido o restringir la significación a determinadas esferas de la actividad humana.

 

En este mismo sentido, actúan los sistemas de marcas ya sean lingüísticas o extralingüísticas, este requisito es una pretensión válida para completar la estructura –tan simple en muchos casos- de la definición jurídica.

 

La definición jurídica, enla medida de lo posible, solo debe incluir una acepción.

 

Es decir, la estructura del artículo es sencilla porque el lenguaje jurídico aspira a ser monosémico.

 

Por ello, las definiciones de los cuerpos legales trabajan arduamente para que los lemas tengan una sola posibilidad de interpretación, con el afán de eliminar las posibilidades multisémicas del lenguaje común. La última de las recomendaciones es para cualquier artículo lexicográfico.

 

Las definiciones jurídicas –como cualquier otra han de ser autosuficientes, es decir, contener todos los semas que le sean indispensables para su total descripción. Ahora bien, se recomienda prescindir de las referencias.

 

En un cuerpo legal, es comprensible esta necesidad; pues una ley, reglamento o acuerdo no se trata de un diccionario por lo que una remisión es totalmente absurda en una obra de naturaleza jurídica.

 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Española aconseja varias características para la definición jurídica como las siguientes:

 

 

Es un llamado a evitar las definiciones enciclopédicas en los cuerpos legales.

 

Al respecto, sobre el tema de las definiciones jurídicas, se incluye en los manuales de técnica legislativa, por ejemplo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó en el año 2000 un libro titulado Elementos de Técnica Legislativa, donde se recomienda lo siguiente:

 

"El uso de definiciones puede despejar dudas sobre el significado de términos legales, sobre todo a la luz de la terminología de otras áreas del conocimiento como la meteorología, la zoología, la química, la ingeniería, entre otras.

 

En esencia son útiles para dar transparencia al lenguaje legal.

 

Asimismo, pueden servir en dos sentidos; primero, al significado común se le determina para precisar, restringir o ampliar sentidos usuales y, segundo, abreviar y simplificar la ley, es decir, por razones prácticas se reducen expresiones mediante las definiciones de conceptos o términos que se emplearán de manera frecuente dentro de una ley.

 

Sobre este punto se establece tres situaciones en las que no debe definirse, las cuales son las siguientes:

 

 

En los países del Common Law se incluyen al inicio o al final una sección especial dedicada a las definiciones.

 

Otra alternativa es ubicarlas en la parte afectada de la ley." En esta cita están condensadas las preocupaciones básicas de la doctrina jurídica en cuanto a las definiciones.

 

En primer lugar, la definición es un recurso para evitar la oscuridad, no tiene un fin en sí misma; sin que adquiera su valor en el tejido de relaciones con otras partes del texto legal.

 

Este afán aclaratorio no solo alcanza a la terminología jurídica si no a cualquier ciencia. Su fin principal es hacer transparente el contenido legal a los ciudadanos.

 

En segundo término, la definición jurídica puede actuar sobre el significado común de los vocablos, pero con la misión de precisar, restringir.

 

La definición es un medio de economía jurídica para evitar la constante aclaración de sentidos.

 

Las tres recomendaciones sobre el uso de las definiciones apuntan también a su existencia práctica dentro de los cuerpos legales.

 

Por último, cabe resaltar el desvelo formalista de la técnica jurídica que considera de importancia trascendental el lugar de las definiciones.

 

El Congreso del Estado de Jalisco, por ejemplo, ofrece, en su página web, una sección titulada "lexicografía legislativa".

 

En una primera aproximación, el título sugería una exposición de principios lexicográficos para la elaboración de definiciones.

 

Sin embargo, su naturaleza es muy distinta, pues se trata de un glosario legislativo, el cual también podría ser objeto de estudio con los tantos diccionarios jurídicos que se han publicado, además de las definiciones presentes en los cuerpos legales.

 

Este tema tampoco ha sido preocupación de la doctrina jurídica.

 

Aún más, las preocupaciones en torno a la definición jurídica no se han ocupado de la forma, se han orientado hacia su función y propósito dentro de la normativa legal.

 

Sí hay jurisprudencia sobre la decisión de un proceso judicial por el análisis gramatical de una palabra, sus frecuencias, el estilo y la redacción, entonces el nivel de análisis ya sería, más que jurídico lingüístico.

 

La noción de ciclo de aprendizaje se ha utilizado en la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias y lingüística.

 

Las cuatro etapas del ciclo se derivan de la teoría de las representaciones semióticas y pueden ser utilizadas para generar actividades de aprendizaje en distintos contextos educativos en donde los estudiantes las utilizan para su propia representación y apropiación del conocimiento.

 

Dicha teoría puede resumirse en los siguientes enunciados, los cuales se han denominado:

 

La noción de ciclo de aprendizaje se ha utilizado en la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias.

 

Las cuatro etapas del ciclo se derivan de la teoría de las representaciones semióticas pueden ser utilizadas para generar actividades de aprendizaje en distintos contextos educativos en donde los estudiantes las utilizan para su propia representación y apropiación del conocimiento.

 

Dicha teoría puede resumirse en los siguientes enunciados:

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Importancia de la terminología científica y técnica

 

Como en otras muchas disciplinas científicas, el Derecho ha desarrollado a lo largo de los siglos su propio vocabulario técnico, que convive con términos provenientes de otros lenguajes modulados semánticamente con acepciones propias.

 

Esta característica puede suponer, a la hora de su adquisición, tanto una ayuda como un problema.

 

Se considera, pues al traductor jurídico un ejemplo de traductor técnico interdisciplinario, que debe conocer tanto la propia terminología específica de su actividad, definida por su carácter unívoco y monosémico, cuanto los trasvases de términos de otras especialidades.

 

 

 

 

Incluso se da el caso que estos mismos términos traspasen el ámbito de especialización e invadan la lengua común, que puede llegar incluso a impregnarse de ellos, como demuestran los periódicos.

 

Por lo tanto, el hecho que ocurre en otras disciplinas, no está muy alejada de la realidad, el Derecho no designa una realidad existente previamente, sino que es una construcción cultural y sujeta a variaciones temporales y locales.

 

Los ejemplos son numerosos: tan sólo un caso como el término italiano clausola se comprende fácilmente, cláusula, si se tiene el documento en la mano pero es necesario categorizar el término para hacerlo preciso y restringido, jurídicamente hablando, para llegar al significado de lo que es una clausola comminatoria, rescissoria o revocatoria.

 

La palabra atto es tan polisémica en italiano que se atribuye a lo que en español designamos con las voces acción, acta, escritura o auto.

 

La propia historia de la lengua también cuenta en estos asuntos: en italiano y en relación con la productividad de los términos, muchos se han perdido en derivaciones ya incoherentes desde el punto de vista nocional desde su origen en el Derecho Romano y se han hecho opacos.

 

Sigue siendo llamativo, que, en cambio, el Derecho Penal esté menos alejado de su fuente, al haber conservado los términos latinos al lado de los italianos, con el permiso de la naturaleza propia de este lenguaje específico.

 

Pero las dificultades, involucradas en el aprendizaje de la terminología jurídica se compensan con las ventajas que se pueden obtener.

 

 

 

La mayor de ellas es reconocer que la búsqueda de motivación del lenguaje jurídico ofrece perspectivas para su estudio, a causa de la constante preocupación de los juristas, de los hombres de leyes, por la utilización de términos precisos, sin menoscabo de su literalidad. Y aunque se da una fuerte oposición a la aceptación de la sinonimia, lo cierto es que también encontramos cierto grado de libertad y variación a la hora de escoger unas soluciones u otras dentro de lo que se considera la expresión jurídica.

 

Este es, se puede decir, su rasgo distintivo.

 

La aceptación de estas premisas nos lleva a plantear el problema de la formación del futuro abogado: la traducción jurídica exige una formación específica que, en nuestro país no muchos poseen.

 

A esto hay que añadir otra dificultad mayor: la fuerte imbricación en los textos legales entre conceptos exclusivamente jurídicos y conceptos comerciales y administrativos.

 

 

 

 

Esta característica del propio lenguaje hace evidente el problema de la didáctica de la traducción jurídica, cosa que no resuelve, sino que aumenta la dificultad, al involucrarse otra áreas de conocimiento, por ejemplo la manera en cómo se conoce o define un concepto jurídico, en la forma en qué se da a conocer, porqué se difunde a un nivel extra-amplio, con qué elementos se trata de difundir, etc.

 

1.3 Caracterización del término científico y técnico

 

Esto es, un registro es la utilización que cada hablante hace de los niveles de lengua existentes en el uso social de una lengua.

 

Por ello un registro científico-técnico determinado por la forma en que la comunidad de científicos y técnicos emplea la lengua en el ejercicio profesional. Esto no implica que todas las manifestaciones dentro del registro científico-técnico hayan de ser cultas.

 

El hecho de que un discurso sea culto o no dependerá de la situación comunicativa y de los participantes en el acto de comunicación.

 

Por eso, hay que diferenciar entre texto científico-técnico formal y no formal en función del contexto social en que se produzca, pues el lenguaje cobra vida cuando funciona en un contexto y no se puede apreciar de forma aislada, sino en relación con un escenario de personas, acciones y hechos, a partir de los cuales lo que se dice adquiere plena significación.

 

Así, se establece una estrecha relación entre la variación de toda lengua y el contexto social.

 

De este modo podemos distinguir tres niveles de comunicación en los que se realiza un uso diferenciado del registro científico técnico:

 

 

Cabe observar que en este caso el emisor del discurso puede no ser un especialista ya que el receptor no requiere que los temas se traten con excesiva profundidad.

 

La comunicación puede ser formal o no formal, según la situación comunicativa y los conocimientos del receptor del mensaje; así, el lenguaje utilizado en un programa de televisión en el que se pretenda dar a conocer la ciencia y la tecnología a un público infantil tendrá un marcado carácter informal

 

 

 

1.4 Reseña panorámica del lenguaje jurídico

 

El lenguaje jurídico es un factor primordial de cohesión de la vida social y cultural de un país. Hay una gran disparidad entre lo que deben ser y lo que suelen ser los textos jurídicos; por ello, en nuestra exposición nos referiremos tanto a las características ideales como a las características reales de estos textos.

 

Como todo lenguaje profesional, el jurídico posee tecnicismos propios.

 

Si los comparamos con los de otras disciplinas, observamos que su número no crece apenas. Muchos de sus vocablos proceden del latín e incluso del derecho romano.

 

Basten como ejemplos los siguientes: alevosía, estupro, pena, apelar, eximente, penal, código, fallo, procesal, cómplice, hurto, reclusión, confinar, infracción, reglamento, considerandos, injuria, resultandos, decreto, jurisconsulto, sanción, delincuente, jurisdicción, sancionar, delito, jurisprudencia, secuestro, desacato, jurista, sentencia, difamación, orden, tribunal.

 

 

 

 

En general, frente al lenguaje científico y técnico, que se caracteriza por el incremento constante de su léxico y por su marcada preferencia por formantes griegos e ingleses, el lenguaje jurídico manifiesta un cierto conservadurismo y una marcada inclinación hacia los términos de origen latino, aunque no falten los de otras procedencias.

 

No obstante, hoy, la presencia de tecnicismos y giros técnicos de origen inglés, alemán francés etc., se observa en el léxico que regula las relaciones internacionales, la industria, las comunicaciones o la política.

 

En este último ámbito son también frecuentes los italianismos.

 

En el marco del conservadurismo debe situarse la frecuencia con que en el lenguaje jurídico aparecen ciertas frases y ciertas palabras, con un carácter formulario o ritual.

 

En una sentencia de un juzgado podrán observarse fórmulas fijas (el encabezamiento, el párrafo final), sucesión de resultandos y considerandos seguidos del fallo, y clichés como:

 

 

Esto confiere una gran monotonía a muchos escritos jurídicos y administrativos, al igual que sucede, en general, con todos los escritos técnicos de marcado carácter utilitario.

 

A cambio de la monotonía, si están bien redactados, los textos jurídicos evitan los términos equívocos mediante la monosemia del léxico, resultan claros en la exposición de los hechos, los argumentos y las resoluciones, y pueden buscarse con rapidez las partes que se juzgan fundamentales, porque su estructura es fija.

 

En todos los escritos es necesaria la claridad; pero en pocos es tan inexcusable como en los jurídicos.

 

Las frases breves y sencillamente ordenadas deben prevalecer sobre las complejas, formadas por abundantes proposiciones subordinadas. La palabra de escaso uso (salvo si es un tecnicismo) debe ceder a la más coloquial: los juristas no deben olvidar que no sólo escriben para especialistas y personas cultas.

 

Sin embargo, la sintaxis habitual del lenguaje jurídico está plagada de recursos que se sienten como anticuados o extraños.

 

Tanto su vocabulario específico, como su sintaxis son arcaizantes.

 

Observemos, por ejemplo, cómo la mayor parte de los documentos se redactan en tercera persona, cuando lo normal sería la primera; o el uso del futuro de subjuntivo (resultare, hubiere manifestado), que ya no se utiliza ni siquiera en lenguaje literario y ha quedado relegado a los refranes y a estos textos.

 

El carácter de los escritos jurídicos es especialmente visible en las sentencias, redactadas a veces con mayor precipitación de la debida.

 

 

 

 

En general, el estilo jurídico no ha evolucionado como otros estilos.

 

El tono distante, unido muchas veces a una tendencia a la sucesión de oraciones largas y a la impericia de quienes redactan los documentos jurídicos y administrativos, produce oscuridad y, en no pocas ocasiones, ambigüedad: los dos defectos que en cualquier texto deben ser evitados, pero que, en este caso, pueden resultar muy graves.

 

La complejidad sintáctica, que tan a menudo oscurece estos textos, produce el que a la cuarta o quinta proposición subordinada, el lector no sabe ya cuál es exactamente el sujeto del verbo que está leyendo, y no es extraño encontrar oraciones con varios sentidos posibles